Querella particular: una ley que ya no deja solas a las mujeres 

La provincia, a lo largo de los años, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y acorde con las necesidades de los justiciables. 
No es casualidad que desde 2019 rija en el Chaco el sistema de juicio por jurado, junto a Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Río Negro y San Juan, aunque en esta última aún no comenzó a aplicarse.
Atender y oír la demanda de la ciudadanía es una de las premisas que caracteriza a quienes componen el Poder Judicial. Claro, hay mucho por hacer aún para un servicio más óptimo y sin fallas. 
Es una provincia de vanguardia en jurisprudencias y precedentes, con fallos históricos que les permite a ciudadanos y ciudadanas tener una luz de esperanza, que la verdad siempre triunfará.
Mencionar el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, que el 27 de septiembre cumplió 63 años de trayectoria institucional y es el órgano pionero del país desde 1958, es un eslabón más en la administración de justicia, porque tiene la responsabilidad de designar jueces y así también removerlos.
La sociedad evoluciona permanentemente y, a la vez, también la demanda; los derechos conquistados se ajustan a las modernas comunidades con una mirada de inclusión, integración y con acceso real a la justicia: sin limitaciones para ningún habitante, no importando condición social. 
Así, con esas posibilidades, los movimientos minoritarios e históricamente marginados ampliaron sus derechos.
En el Chaco, mediante la iniciativa de la diputada Jessica Ayala, se dispuso de una innovadora ley a favor de la erradicación y prevención de la violencia de género, dotando a las organizaciones y refugios que velan por los cuidados de las víctimas de violencia de género ser parte del proceso penal durante la investigación y el juicio.
 Un verdadero salto de calidad que reafirma lo citado más arriba. Las mujeres no estarán más solas. 
Si bien en una causa iniciada, la víctima puede contar con un defensor oficial si no tiene posibilidades económicas, o un abogado particular, la Ley 3194 N que modifica el inciso b y c del artículo 12 de la Ley 965-N —Código Procesal Penal—, amplió la figura de querellante particular. 
Un logro legislativo de la diputada Ayala conquistado en agosto de 2020 que, sin dudas, en materia de políticas públicas a favor de las violentadas, es una de las más revolucionarias miradas.
La ley establece que podrán constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y organizaciones con personería jurídica registradas conforme con la ley, en aquellos hechos punibles que afecten intereses difusos, colectivos o individuales, siempre que tengan dentro de su objeto estatutario la defensa contra las graves violaciones a los derechos humanos o las violencias en razón de los géneros o hacia las identidades disidentes. 
Se requerirá el previo consentimiento de la víctima cuando se afecten intereses exclusivamente individuales y la víctima estuviera individualizada en el proceso.
En lo particular, me ha tocado representar a familias de víctimas de violencia de género y femicidio. En el Chaco han aumentado las denuncias durante la pandemia declarada en marzo de 2020: alcanzó hasta diciembre del mismo año, 2264 casos y en el actual calendario totalizan cerca de las 3000 denuncias. 
Sin la ley de la diputada Ayala todo sería más difícil. 
Es recurrente en los tribunales y fiscalías, juzgados de aproximación como son los de Paz o de Faltas, cómo las víctimas deambulan sin saber cómo canalizar la presentación y el protocolo a seguir para que la investigación no corra riesgo de estancarse si se omiten pruebas y pericias. 
Pueden entonces las víctimas acudir a una organización, fundación, asociación o refugio solicitar ayuda. Allí, aparte de contar con el abordaje de un equipo interdisciplinario, también recibirán asesoramiento legal y será el comienzo de un largo camino, pero estarán acompañadas, más contenidas, porque gracias a una ley redactada desde el sentido común, con empatía y sensibilidad, dándoles lugar a esas organizaciones como parte de la querella, sin dudas se habrán evitado desenlaces fatales; y no podemos tolerar más que las cifras sean frías estadísticas. 
Estamos en un escenario totalmente favorable para seguir posando la mirada en las más desprotegidas. 
Podemos ser parte del gran cambio que propone la diputada Jessica Ayala con leyes que deben tener alcance y pleno cumplimiento para que tengamos sociedad libre de violencia. 
Es tiempo de seguir construyendo de manera colectiva, sin esperar acostumbrarnos a un mero expediente pero firmes en brindar participación activa y un mejor acceso a la justicia.